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| Francis Fukuyama |
| Desigualdad y Democracia |
No existe ningún vínculo necesario entre la desigualdad social
y la habilidad de una sociedad para sostener una democracia liberal exitosa. Dado
que las democracias liberales están enraizadas en las economías
de mercado y buscan proteger las libertades individuales, es inevitable que generen
desigualdades. La legitimidad de una democracia no se basa en su habilidad de
garantizar que todos obtengan los mismos resultados; más bien, se basa
en la idea de que todos pueden mejorar su situación mediante su esfuerzo
y habilidad, si no para sí mismos, al menos para sus hijos.
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Sin embargo, existe mucha evidencia de que
las sociedades que están sujetas a niveles elevados y persistentes de desigualdad,
especialmente la desigualdad que se transmite de una generación a otra,
no llegan a formar buenas democracias. Este es el caso en gran parte de América
Latina, que es la región del mundo más aquejada por la desigualdad
como expone el Informe Regional sobre Desarrollo Humano que hoy lanza en Iberoamérica
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El resultado es que existe
una continua lucha de clases. En las generaciones anteriores, los gobiernos militares
abolieron la democracia para proteger los intereses de los grupos de élite.
Hoy en día, las instituciones democráticas liberales se han erosionado
a manos de gobiernos populistas en países como Venezuela y Nicaragua, que
buscan corregir las injusticias sociales. Una democracia endeble no es resultado
del populismo, sino que es síntoma de un problema de desigualdad más
profundo.
Aunque existen muchas causas históricas
para la desigualdad de una región, los orígenes recientes son claros
y residen en la política fiscal.
Algunos estudios recientes del Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano
de Desarrollo han mostrado que los países de América Latina no exhiben
un nivel de desigualdad en los ingresos antes de impuestos y gastos mayor que
el que tienen las naciones desarrollados de Europa, América del Norte o
Asia. Pero este último grupo hace un esfuerzo redistributivo sustancialmente
mayor, ya sea mediante transferencias de ingresos de varios tipos (que es el patrón
en Europa) o mediante la tributación progresiva (como en el caso en de
los Estados Unidos). Después de tomar en cuenta los impuestos y los gastos,
el nivel de desigualdad se reduce de manera sustancial en los países de
la OCDE que no pertenecen a América Latina; en esta región, la desigualdad
permanece sin cambios y en algunos casos aumenta.
Los gobiernos latinoamericanos no necesariamente gastan menos en servicios
sociales que los de Europa, pero la calidad de ese gasto es deficiente: tiende
a dirigirse hacia grupos preferenciales, por ejemplo a los trabajadores sindicalizados
del sector público o a la educación superior a costa de las escuelas
primarias y secundarias. El efecto es que la riqueza se redistribuye hacia los
más ricos y hace que la mayor parte de la población siga batallando
en el sector informal.
El hecho de que la desigualdad esté arraigada en la política
pública sugiere que existen formas sencillas de corregirla, mediante la
redirección de los servicios públicos hacia los pobres. Y efectivamente,
las políticas sociales innovadoras como los programas de Transferencias
Condicionadas de Efectivo (TCE), tales como "Bolsa Familia" en Brasil
u "Oportunidades" en México, han sido parcialmente responsables
de la disminución de la desigualdad que se ha visto durante los últimos
diez años.
Pero los programas sociales sustentables requieren de la participación
de las élites, que son quienes pagan impuestos y cargan con la responsabilidad
del gasto público. En Europa y los Estados Unidos, los estados benefactores
redistributivos surgieron en el siglo veinte porque los partidos de centro-izquierda
o de centro-derecha crearon un consenso entre ricos y pobres sobre la necesidad
de tener mayor inclusión social. Las élites formaron parte de este
contrato social, ya sea por un sentido de noblesse oblige o por temor a una revolución
social. En contraste, América Latina ha experimentado, más comúnmente,
una polarización de la política en la que una izquierda populista
y una derecha oligárquica se enfrentan en una lucha de suma cero. Ésta
es exactamente la clase de conflicto social que trágicamente ha surgido
entre los "camisas rojas" y los "camisas amarillas" en Tailandia.
Por lo tanto, lo que necesita América Latina es que surjan partidos
fuertes de centro-izquierda o de centro-derecha que sean capaces de reflejar un
contrato social más amplio entre ricos y pobres. Los gobiernos necesitan
promover programas sociales sustentables que ofrezcan servicios importantes a
los marginados, pero que también creen las condiciones para fomentar el
crecimiento económico y el espíritu empresarial. En las últimas
décadas han surgido gobiernos de este tipo en Brasil, México, Uruguay
y Chile. Esto, y no el populismo de los países de la ALBA, tal vez sea
el acontecimiento político más importante que se está desarrollando
en América Latina en la actualidad.
Francis Fukuyama es profesor invitado distinguido
del Instituto de Estudios Internacionales Freeman Spogli de la Universidad de
Stanford.
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